Número - 905 

• Revela el organismo defensor que SEGOB, SRE y el INM han cumplido parcialmente con la recomendación que se emitió por el incendio. 

Integrantes del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023, en la Estación Migratoria Lerdo-Stanton, en Ciudad Juárez, Chihuahua; se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para revisar el caso.

El senador Rafael Espino de la Peña, quien preside este Grupo, recordó que las y los senadores tienen la instrucción de analizar qué sucedió y dar seguimiento a los mecanismos de apoyo para proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes, con el propósito de legislar para remediar los problemas estructurales que arrastra la política de atención migratoria.

El secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, se refirió a la recomendación 11VG/2023 que se realizó a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración; motivada por el incendio ocurrido en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 personas perdieron la vida y 27 más resultaron heridas.

El funcionario abundó que las medidas cautelares que emitió la CNDH se enfocaron en garantizar la atención médica de las personas migrantes en hospitales públicos y privados; establecer comunicación con las autoridades consulares de los países de donde eran originarios, para que los familiares de las víctimas pudieran reconocerlos y reclamar su cuerpo; así como preservar los indicios que se obtuvieran con motivo de las investigaciones relacionadas con la identificación y repatriación de las personas fallecidas.

Señaló que, entre las acciones efectuadas por la dependencia, destaca, que se reconoció la calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos a 90 personas; 40 fallecidas, 27 lesionadas y 23 familiares de las víctimas directas.  

La nacionalidad de las víctimas directas -dijo-, fueron 28 personas guatemaltecas, 14 hondureñas, 12 salvadoreñas, 12 venezolanas y una colombiana.

Cecilia Velasco Aguirre, Coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, reconoció que las tres dependencias han cumplido parcialmente la recomendación y aceptó que no se ha podido implementar un plan de reparación del daño, pero mencionó que, en el caso de 20 núcleos familiares, de igual número de fallecidos, ya fueron entregados los montos por concepto de compensación.

Al referirse al informe especial sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias, que tiene por objeto demostrar la pertinencia de modificar el esquema de éstas, la funcionaria detalló que se realizaron visitas a estos establecimientos en 29 entidades.

El resultado de las visitas arrojó que se tenía un registro de población migrante de 316 personas de distintas nacionalidades, principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador y Senegal. También se encontró que ninguna de las estaciones o estancias se considera adecuada, porque 13 son insuficientes, 21 de ellas son inadecuadas y el resto están en situación crítica.  

Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, señaló que a ocho meses de haberse emitido la recomendación, no se insiste en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los familiares de las víctimas.  El informe de este organismo consideró, denota una normalización del “hecho” que es inaceptable tratándose de una organización que debe defender a las víctimas.

El senador Antonio García Conejo, del PRD, expresó que ha hecho falta más contundencia y sensibilidad por parte de la CNDH, porque “lo ocurrido el año pasado no fue un tema menor; fue un hecho cruel que pudo haberse evitado y es considerado por muchos, hasta un crimen de Estado”.

Por el PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos, celebró el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque es un vínculo entre las víctimas y las autoridades, pero insistió que se debe sancionar a los responsables. En este sentido, lamentó que las dependencias no hayan cumplido la recomendación que emitió la Comisión.

Martha Márquez Alvarado, del PT, aseguró que es urgente que los y las legisladoras emitan un informe con lo que hasta el momento han encontrado, para que las autoridades correspondientes se pronuncien y reaccionen para evitar que la tragedia se repita.

Finalmente, el senador Rafael Espino exhortó a los funcionarios de la CNDH que acompañen a las personas que están en prisión por estos hechos, porque muchos de ellos presentan irregularidades en sus procesos penales.

El presidente del Grupo de trabajo legislativo celebró este encuentro, porque los planteamientos vertidos en la reunión se tomarán en cuenta en el informe que elaborará esta instancia para presentarlo ante el Pleno.