Número - 659

• El dictamen fue aprobado con 69 votos a favor y 37 en contra. 

El Pleno del Senado avaló, con 69 votos a favor y 37 en contra, el dictamen por el que se determinó que Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Eréndira Cruz Villegas Fuentes, cumplieron con los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, defendió que no se puede regatear al titular del Ejecutivo Federal lo que está plasmado en la Carta Magna, es decir, su facultad de proponer nombramientos para que el Senado los ratifique. 

Además, el legislador sostuvo que las tres mujeres que integran la terna son abogadas destacadas, no secretarias de Estado, por lo que no incumplen los requisitos para ser ministras de la SCJN. 

Al presentar el dictamen de idoneidad, la presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, aseguró que las ciudadanas propuestas cumplieron con los requisitos constitucionales y cuentan con la capacidad técnica y profesional para desempeñarse en el encargo. 

La senadora de Morena, María Merced González González, aseguró que los tres perfiles cumplieron con los requisitos constitucionales y con las virtudes judiciales que el cargo requiere, por lo que eran elegibles e idóneas para convertirse, por méritos propios, en la quinta mujer en ser parte del máximo tribunal. 

En tanto, el senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, dijo que una de las facultades más importantes del Senado es la de nombrar a las y los ministros de la Suprema Corte, especialmente en un contexto en el que el Presidente de la República ha confrontado al Poder Judicial, de ahí la importancia de defender la división de poderes. 

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, expresó que la terna estuvo compuesta por perfiles muy allegados al movimiento político del Presidente; “entonces dónde queda la independencia y autonomía de mantenerse ajenas a los vínculos políticos por parte de las nominadas”. 

Clemente Castañeda Hoeflich, senador de Movimiento Ciudadano, denunció que la próxima ministra no será investida por la legitimidad del Senado, lo que debilitará el equilibrio entre poderes. Además, dijo que lo que está en juego no es sólo la conformación de la Suprema Corte, sino el resto del Poder Judicial, particularmente en materia electoral. 

Por el PT, el senador Alejandro González Yáñez asentó que la división de poderes no es sinónimo de confrontación, ya que no garantiza la independencia. En ese tenor, detalló que el Poder Judicial puede ser dependiente de una élite económica oligárquica, de un poder mediático o de la delincuencia organizada. 

Del PRD, el senador Antonio García Conejo insistió en que la separación de poderes es necesaria para que exista libertad en una nación, como se ha plasmado en las constituciones políticas de muchos países del mundo; en ese sentido, lamentó que las candidatas tengan vínculos con el titular del Ejecutivo Federal, lo que, acusó, no garantiza la independencia del Poder Judicial en México. 

El senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, señaló que existen dudas sobre la temporalidad de la jueza constitucional a elegir, pues sí se trata de 15 años, es necesario que el dictamen lo establezca claramente; “no se puede transitar si no tenemos con toda rotundidad la temporalidad de la jueza constitucional que vamos a elegir”, acotó.