Número - 1027

• Advierte Anaya Mota que la policía tiene la obligación legal de llevar, sin demora, a la persona detenida ante la autoridad correspondiente. 
   

Al momento de detener a una persona por la comisión de algún delito, se deberá realizar inmediatamente su inscripción ante el Registro Nacional de Detenciones, señaló la senadora Claudia Edith Anaya Mota, quien presentó, ante el Pleno del Senado, una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

La legisladora del PRI propuso que dicho registro sea al momento en que la persona se encuentre bajo custodia de autoridades de seguridad pública, y que, en caso de que los detenidos sean elementos de alguna institución de seguridad pública y no se guarden las formalidades que se requieren, queden separados de su encargo quienes hayan realizado las diligencias correspondientes. 

El proyecto que adiciona el artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos Segunda. 

Claudia Anaya dijo que las detenciones arbitrarias en México son muy frecuentes, sobre todo a causa de violaciones graves a los derechos humanos, ante ello, la policía tiene la obligación legal de llevar sin demora a la persona detenida ante la autoridad correspondiente, pero en la práctica subsisten tardanzas injustificadas. 

Señaló que frecuentemente esta práctica se utiliza para sembrar evidencias o para coaccionar a las personas detenidas para que confiesen delitos, incluso mediante tortura u otros malos tratos. 

La impunidad, advirtió, siempre exacerba el delito, por lo que los cuerpos policiales deben saber que es una gran responsabilidad realizar el registro inmediato y, si no lo cumplen o actúan para encubrir un delito, tendrán consecuencias, una de ellas, es que se les separe directamente de su encargo.  

Explicó que cuando la policía deja a la persona detenida en custodia de otra autoridad, como el Ministerio Público, está obligada legalmente a entregar un informe con suficiente información para determinar las razones y circunstancias de la detención.  

Sin embargo, dijo la legisladora, estos documentos suelen tener errores sustanciales, hechos falsos y otros problemas serios, como el que no siempre son elaborados y firmados por quienes realmente participaron en la detención, sino por otras personas que no tuvieron participación en el arresto.