Número - 609
- Tres niveles de gobierno deben hacer efectiva la participación de las personas en la vida política, económica, cultural y social del país, destacan senadores.
El Pleno del Senado avaló cambios a la legislación para establecer que los tres niveles de gobierno y personas particulares impulsen acciones para eliminar todos los obstáculos que limiten e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país.
Se trata de un dictamen a la minuta con proyecto de decreto para reformar el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
En la presentación del documento, la senadora Kenia López Rabadán, del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que con esta reforma se establece la obligación, tanto para el Estado mexicano como para los particulares, de eliminar todos los obstáculos para que la igualdad y libertad entre las personas sean reales y efectivas.
Señaló que es primordial que en el texto normativo se utilice un lenguaje adecuado y claro y que en su interpretación no permita prácticas discriminatorias. “El uso del lenguaje incluyente y la armonización del marco jurídico elimina las formas de discriminación y fomenta la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad”.
Igualmente, agregó, las brechas económicas, la discriminación y los obstáculos que enfrentan algunos grupos de la población, “impiden a los Estados democráticos alcanzar los objetivos de justicia y esto necesariamente debe cambiar en nuestro país”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, aseguró que la propuesta está encaminada a prevenir y erradicar la discriminación, ya que pretende que se garantice e impulse la igualdad efectiva y real entre las personas, toda vez que “presenta un amplio espectro de temas en torno a los derechos humanos”.
A su vez, la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, manifestó que este proyecto legislativo, representa parte del esfuerzo que se ha hecho en el Senado para integrar el lenguaje incluyente en las leyes, y así visibilizar a todas las personas, especialmente a las mujeres, en todos los ámbitos.
En el documento, las y los senadores indicaron que no se debe limitar el ejercicio de los derechos o impedir el pleno desarrollo de la persona o su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país.
Por ello, coincidieron incorporar una visión de género en dicho ordenamiento, ya que dará como resultado que más mujeres se integren al servicio público en igualdad de circunstancias y oportunidades.
El dictamen fue aprobado con 92 votos a favor, y fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.