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Número - 400

  • Garantizar derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, objetivo del dictamen.
     

Con 83 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para actualizar y homologar la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, a fin de establecer la obligación de las fuerzas castrenses de respetar los derechos humanos. 

 

La reforma establece que las personas que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quienes se obligan a respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. 

 

Asimismo, se propone incluir que, en su actuar, los militares tienen como bases la obediencia, el respeto a los derechos humanos, un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral. 

 

También platea cambiar el termino de “individuos” por “personal militar”, y que es deber del superior educar y dirigir al personal militar que la nación pone bajo su mando, con respeto a los derechos humanos. 

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, dijo que esta iniciativa beneficiará a las y los mexicanos que quieren que los derechos humanos sean una realidad y no un discurso; “nuestras fuerzas castrenses deben actuar al tener como bases, la obediencia y el respeto a los derechos humanos”, enfatizó. 

 

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, aseveró que la propuesta busca establecer lineamientos de conducta con base en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, para reafirmar el compromiso de las Fuerzas Armadas en la materia. 

 

El proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 5 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y el artículo 2 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.