Número - 337

• Impulsan una correcta coordinación entre autoridades respecto del ejercicio de justicia para el sector de menores, con respeto a sus derechos humanos. 

Con 77 votos, el Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece la creación y operación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes. 

El proyecto sugiere que esta instancia sea parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esté integrada por las personas titulares de las autoridades administrativas especializadas en adolescentes o sus equivalentes de la Federación, los estados y la Ciudad de México, y que sea presidida por la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Propone que entre sus funciones esté impulsar la coordinación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; constituirse como instancia encargada de analizar y promover la política pública para medidas especializadas en materia para adolescentes, con el respeto, en todo momento, de sus derechos humanos. 

De igual forma, que promueva la homologación de normas administrativas en materia de justicia penal para adolescentes; dar seguimiento y, generar indicadores a la ejecución de las políticas y programas en la materia. 

Así como impulsar la coordinación y colaboración entre las autoridades administrativas especializadas en adolescentes, y las personas integrantes del Sistema Integral de Justicia penal en la materia; promover el cumplimiento de las atribuciones conferidas a las autoridades que ejecuten las medidas para adolescentes. 

El documento, que adiciona una fracción V, al artículo 10, y un Capítulo VI Bis, al Título Segundo, y que reforma la fracción VIII del artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se devolvió a la Cámara de Diputados. 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, destacó que esta reforma permitirá impulsar una correcta coordinación entre las diversas autoridades relacionadas en el ejercicio de la justicia para adolescentes, para asegurar la certeza jurídica en beneficio de los derechos humanos de las personas menores de edad, que enfrentan una medida de sanción o de internamiento preventivo. 

Refirió que durante 2019 se ingresaron a mil 809 personas a los centros especializados de tratamientos o internamiento para adolescentes, a cargo de las entidades federativas. 

El fin último de las medidas de sanción y de internamiento, apuntó, es lograr su óptima reintegración en su entorno social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades, a fin de evitar la comisión de futuras conductas antisociales.