Número - 1450

• Pondera una visión social distinta a la que históricamente beneficiaba a los consorcios: Javier Corral.

 

En sesión extraordinaria, el Pleno del Senado de la República debate del dictamen que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene entre sus principales objetivos robustecer la rectoría del Estado en estos sectores.

 

Dicho proyecto traslada las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), además crea la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones.

 

A nombre de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, el senador Javier Corral Jurado destacó que esta reforma “pondera una visión” social distinta a la que históricamente beneficiaba a los consorcios concesionales del sector de telecomunicaciones.

 

“Puedo asegurarles que hicimos un gran esfuerzo por recuperar la mayor cantidad de propuestas y anhelos de larga data; no tengan duda de que hoy se va a aprobar una ley que, sin abandonar sus objetivos fundamentales, es más sólida, es más clara, es más justa y es más incluyente”, aseguró a la asamblea desde tribuna.

 

Entre los avances de la norma, el senador de Morena detalló que se impulsa a los medios sin fines de lucro: sociales, comunitarios, indígenas y afromexicanos, atajando fenómenos de simulación y también dándoles una viabilidad financiera y económica que equilibre el modelo mercantil y comercial que ha imperado por largas décadas.

 

Dio a conocer que, en materia de radiodifusión pública, la reforma incorpora principios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de contenidos de estos medios, opciones de financiamiento, acceso a tecnologías y reglas para la expresión de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

 

Corral Jurado refirió que, para la televisión, se recuperan los derechos de las audiencias, lo cual consideró que no es una medida “menor”, pues se implementan elementos que fortalecen la figura de los defensores de audiencia para transitar de figuras decorativas a garantes de derechos; esto, añadió, motivará de manera indirecta que la desinformación o las calumnias sean claramente desmentidas.

 

También destacó que se establece que el Estado pueda brindar servicios de telecomunicaciones a través de una empresa pública y contribuir así en la provisión de internet y de telefonía, lo que consideró un esfuerzo “sin precedente” para garantizar el derecho de acceso a Internet a los más desprotegidos.

 

Entre los temas sustanciales del dictamen, se establece que, con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

 

Además, los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística, cultural o deportiva.

 

Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país.

 

El proyecto concreta la extinción del IFT, que funcionará en tanto se integre la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como la transferencia de las funciones de dicho instituto a la ATDT; ello, con el fin de permitir mayor coordinación interinstitucional, reducir duplicidades, agilizar procesos y facilitar la implementación de políticas públicas en esta materia.

 

Además, fija las facultades de la ATDT para formular y conducir las políticas públicas en la materia, así como para regular, promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico y del acceso a redes e infraestructura. Asimismo, garantizar un marco regulatorio que fomente la inversión, la competencia, la eficiencia, que asegure el acceso a las tecnologías y al Internet como un derecho universal.

 

De igual forma, se homologan, simplifican y digitalizan los trámites relacionados con la instalación, operación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para facilitar el despliegue tecnológico y mejorar el acceso a servicios como el Internet de banda ancha.

 

También establece mecanismos para la asignación del espectro, esquemas de uso compartido, autorizaciones experimentales, plataformas de gran altitud, entornos de prueba controlados y redes de radiocomunicaciones inteligentes, los cuales permitirán incorporar tecnologías emergentes en beneficio de zonas de difícil acceso.

 

Este dictamen también garantiza el acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos, fortalece el papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, y señala la función educativa, cultural y de emergencia de los servicios de comunicación.

 

Sobre la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señala que será un órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, que tendrá independencia técnica, operativa y de gestión, y actuará con imparcialidad para dictar sus resoluciones, a fin de garantizar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

El dictamen indica que el Pleno de la comisión será el órgano máximo de decisión y se integrará por cinco personas para reforzar su legitimidad y fortalecer la deliberación técnica, plural y el control institucional. Asimismo, ejercerá la administración del espectro radioeléctrico observando lo establecido en los tratados y acuerdos internacionales, y entre sus objetivos están proteger la vida humana, promocionar la cohesión social y la competencia en los mercados, entre otros.

 

La instancia además podrá imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas o por incumplimiento a lo dispuesto en las concesiones, autorizaciones y títulos habilitantes o resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la comisión; igualmente, estará facultada para dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación.

 

Con el propósito de impulsar la cobertura social, esta ley también establece los procedimientos mediante los cuales los concesionarios podrán acceder a descuentos sobre el pago de las contribuciones por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, a cambio de obligaciones de cobertura en zonas geográficas, carreteras o caminos.

 

En materia de derechos de las audiencias, se fortalece el mecanismo de protección y vigilancia, y se incorporan medidas para asegurar, sin discriminación, el acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones de las personas con discapacidad.

 

Cabe mencionar que el dictamen fue resultado de un ejercicio de diálogo que incluyó cinco conversatorios en los que participaron más de 80 especialistas en diversos rubros relacionados con las telecomunicaciones y la radiodifusión.

 

Además, en este nuevo dictamen se eliminó lo relativo a cualquier bloqueo temporal de plataformas, así como lo referente al esquema de propaganda de gobiernos extranjeros, permitiendo la difusión de contenidos de índole cultural, deportiva y turística.