Número - 1439

•  Se incluyeron alrededor de 23 artículos y 50 cambios que se recogieron de los conversatorios, destaca.

  

El senador Javier Corral Jurado destacó que se realizó una reconfiguración de todo el dictamen para expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que incluye alrededor de 23 artículos y 50 cambios que se plantearon en los cinco conversatorios que se realizaron sobre el tema en la Cámara de Senadores.

 

Dijo que se llevó a cabo una reubicación completa de artículos, pues se hizo una distribución de atribuciones, facultades y competencias de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y se estableció la creación de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que será el órgano técnico de decisión en materia de regulación de este sector.

 

Esa reubicación de atribuciones -destacó en entrevista el también secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía- hizo que se moviera todo el articulado.

 

Se trata, dijo, “de un conjunto muy grande de cambios”, entre los que se mejoran los términos de la colaboración con la justicia; se regresa a la redacción original de algunos artículos como están actualmente en la ley; y prácticamente se atendieron todas las preocupaciones que se expresaron en los conversatorios.

 

Corral Jurado, quien coordinó los trabajos de los conversatorios, indicó que el dictamen retomó la consulta pública a operadores, con el propósito de generar las políticas y los planes sectoriales en materia de espectro.

 

Además, apuntó, se han fortalecido, como nunca en esta materia, los derechos de las audiencias y el papel de los defensores de las audiencias, además de reincorporar los principios editoriales de los medios públicos.

 

Sobre los medios públicos, subrayó que necesitaban un mayor fortalecimiento económico, y ahora los ingresos que puedan recibir de presupuestos de Comunicación Social de entidades públicas no se circunscriben meramente a la venta de publicidad, sino también pueden ser destinados a infraestructura, producción de contenidos y equipamiento.

 

“Es la mayor reforma de fortalecimiento en materia de medios sin fines de lucro, ningún otro esfuerzo legislativo anterior había tenido la profundidad en materia de fortalecimiento de la radiodifusión social genérica, comunitaria, indígena y afromexicana”, expresó.

 

Javier Corral informó que también recoge, de operadores y concesionarios, la preocupación sobre una competencia desleal del Estado en términos de asignación de espectro para uso comercial; de tal forma que cuando el Estado busque tener espectro radioeléctrico para operar fines comerciales, se va a sujetar a condiciones de competencia y el Estado deberá pagar derecho de acceso y explotación del mismo.

 

“Con la ventaja de que el Estado en esas condiciones podrá presentar programas y planes de enorme cobertura social”, con tarifas absolutamente asequibles, lo que hará que quienes quieran competir con el Estado tengan que plantear el precio y el costo de los servicios que van a ofrecer, explicó el senador.

 

Afirmó que es falso que este dictamen plantee un registro público de telefonía móvil, pues lo que se impulsa es una disposición que obliga a los operadores en telecomunicaciones a exigir identificación a todo aquel que compre un chip para función de un dispositivo móvil.

 

Esa medida busca regularizar una anomalía, agregó, por lo que todo aquel dispositivo que no sea identificable debe ser cancelado, “obviamente se da un plazo”. Dijo que los grupos más interesados en mantener estas disposiciones son los de derechos humanos que están vinculados a la búsqueda de personas desaparecidas.

 

“Hoy el gran reto en México es la seguridad pública y tenemos que resolverla entre todos, y todos tenemos que ser corresponsables de colaborar con la justicia y la seguridad para salvar este reto”, manifestó.

 

Reconoció la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para poder recoger las propuestas y preocupaciones. Además, destacó que a lo largo de este tiempo ella directamente ha estado pendiente de los trabajos que se han realizado sobre este tema, y ha dejado claro que el proyecto no puede tener “ninguna taxativa a la libertad de expresión, ningún mecanismo de censura previa”.