Número - 1426

• El proyecto fue aprobado con 20 votos a favor, cuatro abstenciones y cinco en contra.

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos avalaron, con 20 votos a favor, cuatro abstenciones y cinco en contra, el proyecto para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población, en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

La propuesta, que surgió a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue votada por Morena, el PVEM y el PT a favor; en tanto, Ricardo Anaya Cortés y Laura Esquivel Torres, del PAN, así como MC votaron en abstención; mientras que el PRI, junto con Marko Cortés Mendoza y Gustavo Sánchez Vázquez, del PAN, votaron en contra.

Con el proyecto se busca crear un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos, así como mecanismos de respuesta más agiles y eficaces que permitan atender de manera oportuna los casos.

Para ello, entre otros puntos, el dictamen establece la obligación de la Comisión Nacional de Búsqueda de emitir un protocolo para su activación y operación, así como el mecanismo para su correcta operación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

Agrega el principio de proporcionalidad en el tratamiento de los datos personales, con lo que se acota su uso para los fines estrictamente necesarios, y dispone que el funcionamiento y operación de la Plataforma Única de Identidad se sujetará a los principios de licitud, necesidad, finalidad y responsabilidad.

Además, condiciona el uso de la Plataforma Única de Identidad a un folio único o número de carpeta de investigación. Dicha plataforma, plantea el documento, contará con un diseño descentralizado y apegado a medidas y protocolos de seguridad.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, afirmó que en días como hoy es cuando la sensibilidad, la comprensión y el humanismo de cada uno de los integrantes de las comisiones debe demostrarse, pues si bien piensan diferente, hay una causa que los une y es la de ayudar a todas las víctimas inocentes.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, señaló que su fracción se abstendrá en la votación debido a que no se consideraron los señalamientos de los colectivos y de las madres buscadoras; no se modifica la labor de las comisiones de búsqueda federal y locales, y porque no comparten la vigilancia digital que el proyecto generará a través del CURP, todo ello, pese a que las familias mexicanas están inmersas desde hace casi dos décadas en una crisis de desapariciones, que afecta principalmente a los jóvenes.

Por el PVEM, Karen Castrejón Trujillo, asentó que la desaparición de personas es un acto “cruel e inhumano”, porque hay un incertidumbre “brutal” por el paradero de un familiar, pues es un hecho que lastima a la víctima y a su familia; por ello es que se consideraron en el proyecto las opiniones de los colectivos que participaron en las mesas que entabló la Secretaría de Gobernación con las víctimas, además de que la propuesta es un gran paso para atender el fenómeno de desaparición de personas y que es perfectible, por lo que puede modificarse más allá de su aprobación.

Claudia Anaya Mota, del PRI, indicó que la desaparición de personas es una “crisis humanitaria”, por lo que es urgente una reunión con los colectivos de desaparecidos y no hacer “lo que Dios nos hace entender”, porque no basta con culparse entre unos con otros, sino comprometernos en darles solución a las familias que tienen un desaparecido. Precisó que las comisiones de búsqueda no tienen presupuesto ni están capacitados, y la respuesta del gobierno a las exigencias es “un mecanismo de control”, una CURP biométrica obligatoria para que las autoridades puedan compartirla sin autorización ciudadana.

Por el PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo que este periodo extraordinario es un “albazo”, pues están entregando los dictámenes tarde, aun cuando se trata de un tema delicado que requiere de atención y análisis. Están “lucrando con dolor de las madres buscadoras, usando el dolor de las madres”, para pasar reformas que lejos de resolver los problemas consolida un gobierno “espía”, pues por medio de la CURP tendrán acceso a la geolocalización, a cuentas bancarias, huellas dactilares, biométricos, entre otros, acusó.

María Guadalupe Chavira de la Rosa, de Morena, refirió que hubo tres meses de consulta en las mesas de la Secretaría de Gobernación, y de las cuales se retomaron las opiniones de las madres buscadoras para la construcción del dictamen, además de que se reconoce la crisis de desapariciones y el Estado asume una postura de corresponsabilidad y responde a las exigencias de miles de familias mexicanas.

Destacó que un elemento positivo del dictamen es el fortalecimiento del marco penal y el reforzamiento de los tipos delictivos de desaparición forzada y la cometida por particulares, incorporando de manera explícita la responsabilidad penal de autoridades de todos los niveles de gobierno que sean omisas, toleren y consientan.