Número - 1315

• En el Senado, especialistas coinciden en atender por separado regulación de plataformas digitales.

Ponentes invitados al quinto conversatorio sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantearon hacer precisiones de conceptos en este proyecto e incluso crear apartados específicos para defender los derechos de los usuarios y las audiencias, entre ellos, de menores de edad y personas con discapacidad.

Asimismo, senadoras y senadores coincidieron en mantener la discusión en torno a la regulación de las plataformas digitales, tema que académicos, expertos y representantes del sector han solicitado que se atienda por separado, o que se incluyan más disposiciones en la normatividad, al ser medios con una importante cantidad de usuarios.

Sobre este tema, Javier Corral Jurado, moderador de los conversatorios y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró que es fundamental mantener el debate sobre una legislación en materia de inclusión digital, a fin de avanzar hacia un modelo donde plataformas de medios de transmisión de contenidos converjan con todos los servicios digitales.

“No debemos eliminar el debate en la materia, cometeríamos un grave error al creer que por quitar el 109 no tenemos que regular plataformas digitales, cuando tienen una presencia trasnacional, con una influencia política, cultural, electoral e ideológica, que incluso está sustituyendo a mecanismos del Estado y la sociedad en procesos democráticos”, aseveró.

María Martina Kantún Can, de Morena, indicó que es necesario que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones garantice los derechos de las audiencias, los cuales están vinculados con los de acceso a la información y de libertad de expresión.

Por Acción Nacional, Gustavo Sánchez Vásquez indicó que, con las propuestas hechas por los expertos, los miembros de las comisiones dictaminadoras, de manera responsable, pueden construir “una reforma más nutrida” que incorpore la participación de grupos vulnerables como audiencia, en particular respecto el de la niñez.

Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota expresó que la legislación debe ser muy puntual en el tema de la regulación para no caer en la censura, porque es muy importante salvaguardar el derecho de las audiencias a la verdad.

María de las Mercedes Olivares Tresgallo, defensora de las audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, planteó que la ley debe desarrollar un capítulo especial para defender el interés superior de las niñas, niños y adolescentes como audiencia, que erradique la visión “adultocéntrica” y tome en cuenta sus necesidades particulares.

El investigador de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Vladimir Chorny Elizalde, instó a crear una ley especial de servicios y mercados digitales, para crear un marco de responsabilidades de las plataformas, donde se establezcan deberes de protección de datos, transparencia y medidas antimonopólicas de competencia y desconcentración; todo ello, precisó, basado en el respeto a los derechos de los usuarios.

María de los Ángeles Huerta del Río, académica de Comunicadores del Pueblo, reconoció que el proyecto da un papel importante al Estado en la regulación, delimitación y garantía de los derechos de las audiencias; sin embargo, propuso definir claramente en el texto estos derechos, establecer un equilibrio entre libertad de expresión y libertad de opinión; y hacer vinculantes las quejas que lleguen a los defensores de las audiencias.

El experto consultor de Coparmex, Juan de Dios Barba Nava, consideró injusto que las concesiones del Estado tengan privilegio sobre las de particulares, ya que generan una competencia desleal, además de que violan disposiciones del T-MEC, que establecen que haya piso parejo entre los operadores de las concesiones de telecomunicaciones.

María Lizárraga Iriarte, consejera de la organización A Favor de la Mejor, solicitó a los senadores que la norma se “ajuste a la nueva realidad” y tome en cuenta el contexto actual, entre otros aspectos, los nuevos medios de comunicación, como el internet, para garantizar el acceso a contenidos, la protección de los derechos de las audiencias, y una competencia justa del sector.

La directora general de PROMTEL, Zayra Yvette Pérez Salinas, defendió que la nueva ley no limita ni censura la libertad de prensa, sino que regula con equilibrio y busca devolver el carácter público y social a la radiodifusión y a las telecomunicaciones, con lo que se reconoce que no son “meros negocios”, sino servicios esenciales para el ejercicio de la democracia.