Número - 1288

• Afirma Javier Corral que es fundamental construir un nuevo concepto de preponderancia que sirva a todos los sectores.

 

Garantizar certidumbre jurídica, económica, social y una competencia sana; proteger la labor de los pequeños operadores de comunicaciones; y la revisión de precios, cobertura y calidad de los agentes económicos preponderantes fueron los temas que se destacaron durante la segunda mesa del tercer conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

 

Dardo Emanuel Neubauer, investigador posdoctoral de Tlatelolco Lab (PUEDJS UNAM), aplaudió la eliminación del artículo 109, pero también planteó ampliar el articulo 4 y el titulo octavo de la ley, referente a las redes y los servicios de telecomunicaciones, para establecer diferencias entre las plataformas digitales, pues no todas son iguales, así como determinar responsabilidades de intermediarios de contenido, cuando éste pueda afectar los derechos de la ciudadanía.

 

En representación de la Alianza Nacional Telefonista, José Montealegre Jiménez, instó a que la ley de telecomunicaciones sea digna y justa, que resuelva los problemas y las demandas de los sectores involucrados, y que las adecuaciones que se hagan al dictamen generen certidumbre jurídica, económica y social, pero, sobre todo, una competencia sana.

 

Por la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico, Luis Miguel Martínez Cervantes pidió reconocer y proteger la labor de los pequeños operadores de comunicaciones, pues éstos llevan los servicios a zonas apartadas donde el Estado y las grandes compañías no han querido llegar, y gracias a los cuales se ha podido reducir la brecha digital en el país.

 

Aida Huerta Barrientos, secretaria de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, propuso emitir una normativa y reglamentación técnica para la infraestructura compartida que no se enfoque únicamente en costos y tarifas, pues esta modalidad puede abonar al crecimiento y al acceso de las telecomunicaciones en el país.

 

La coordinadora de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo Olano, urgió a reconocer en la norma el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a acceder, participar y desarrollar sus propios servicios digitales en condiciones de conectividad adecuada, sin discriminación y con acceso preferente a infraestructuras públicas.

 

Ernesto Piedras, director general de la consultora CIU, planteó revisar permanentemente los precios, cobertura y calidad de los agentes económicos preponderantes, pues desde 2018 éstos han encarecido sus servicios en México, contrario a lo que ocurre en otras partes del mundo, donde las tarifas se han abaratado.

 

Tania Villa Trápala, directora general de Política de Telecomunicaciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, insistió en homologar y simplificar los trámites a nivel local para los operadores, pues los más de dos mil municipios del país tienen sus propias disposiciones que complican la llegada de infraestructura de telecomunicaciones a sus territorios.

 

El asesor en materia de radiodifusión, Federico González Luna Bueno, exhortó a corregir las deficiencias en materia de telecomunicaciones que no atendió el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones, para tener servicios competitivos; entre esas problemáticas, enlistó la regulación de los operadores preponderantes, la vigilancia de los precios del espectro radiofónico, y no imponer normas excesivas a la radio y TV, para que puedan competir con las plataformas digitales.

 

El senador Javier Corral Jurado, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y moderador de los conversatorios, aseguró que es necesario construir un mejor concepto de “preponderancia”, que le sirva a todos los sectores y servicios, y no sólo a un preponderante en televisión abierta o en telecomunicaciones.

 

Destacó que la regulación asimétrica se le debe aplicar también a la televisión restringida, pero es “un tema que está intocado en la historia”.

 

Advirtió que se quiere trasladar la idea de que el artículo ocho es lo mismo que el artículo 109, por lo que explicó que no se puede comparar el suspender precautoriamente las transmisiones de las plataformas digitales, con la suspensión de las concesiones de radio y televisión, cuando “son dos naturalezas jurídicas distintas”.

 

Por qué comparar a las plataformas digitales con la responsabilidad que tiene la radio y la televisión, a la luz de lo que acaba de hacer una televisora al transmitir un “spot antiinmigrante” patrocinado por el Gobierno de los Estados Unidos, que resulta vejatorio de la dignidad de los mexicanos y contrario a los derechos humanos, aseveró.

 

Destacó que se construirá “una gran reserva” para modificar el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se trata de una modificación considerable, “en función de todo lo que hemos escuchado aquí en los conversatorios y que ya ha tenido eco en la presidenta de la República”.

 

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, subrayó que se escuchará la experiencia y visión de especialistas, representantes de los principales actores del sector, concesionarios, académicos, representantes de los medios públicos, así como de defensores de la audiencias y sociedad civil.

 

En su oportunidad, Simey Olvera Bautista, de Morena, dijo que es fundamental que el enfoque de corresponsabilidad que tiene esta legislación, donde se combinan metas de cobertura mínima, incentivos a la inversión y la colaboración institucional, coadyuven para llevar los servicios digitales, incluso a las comunidades más alejadas del país.

 

Por Acción Nacional, Gustavo Sánchez Vásquez indicó que es necesario poner atención a las barreras a las que se enfrentarían los pequeños operadores de telecomunicaciones con el desarrollo de la llamada “infraestructura pasiva”, y modificarlas, pues en el recuento de los tres conversatorios ya hay cuando menos 50 puntos que se deben cambiar al proyecto.

 

Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, expresó que se distorsiona el mercado cuando la operadora de telecomunicaciones Altán, utiliza la red de la Comisión Federal de Electricidad y vende Internet al menudeo proveniente de una red que esta subsidiada, “y esto es mayor cuando la ley establece que el Estado quiere tener concesiones que tengan un carácter comercial, por ello es importante tomar nota para corregir el dictamen”.