Número - 622

• Se trata de dos dictámenes que derivan de iniciativas enviadas al Senado de la República por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos aprobaron, por mayoría de votos, dos dictámenes para modificar la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de armonizarlas con la reforma constitucional en materia judicial.

Ambos dictámenes derivan de iniciativas enviadas al Senado de la República por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que se trata del proyecto de decreto para modificar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; y el que reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política.

Indicó que la reforma constitucional, entre otros temas, establece que para avalar asuntos que requieren mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se necesitarán seis votos de las y los ministros. “Hoy se piden ocho votos, pero el cambio obedece a la nueva integración que fijó la reforma”, precisó.

Asimismo, toda vez que la SCJN funcionará sólo en Pleno, se suprimen de la ley todas las referencias a las salas. Otra armonización, mencionó, consiste en que las sentencias dictadas derivadas de juicios de amparo no tendrán efectos generales, sino que atenderán el interés particular de las partes.

También se precisa que el amparo será improcedente ante decisiones del Órgano de Administración y del Tribunal de Disciplina Judicial, es decir, se suple lo que hoy hace el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Por su parte, los ajustes en la Ley de Amparo son para trasladar las facultades que corresponden al CJF, al nuevo Órgano de Administración. Además, se hace una armonización en lenguaje incluyente, es decir, se hace referencia a las mujeres y a grupos históricamente relegados.

El dictamen, agregó el senador, cambia las referencias al Distrito Federal por Ciudad de México, y del Código Civil al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

No menos importante, precisó, con el dictamen se suprimen las menciones al “Salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización”, con el propósito de que las multas y cantidades estén acordes con la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.

En los artículos transitorios, apuntó Javier Corral, se indica que en tanto se tome protesta a los nuevos integrantes de la SCJN, las sentencias dictadas por el Pleno deberán ser tomadas por ocho votos.

Al participar en la discusión, por Morena, la senadora Nora Ruvalcaba Gámez afirmó que la reforma fortalece la figura del amparo, que desde su creación tiene el propósito de proteger a la ciudadanía. “El amparo sigue como una herramienta para que las personas se protejan. Lo que se hace es democratizar al único poder que faltaba”, destacó.

Ricardo Anaya Cortés, del PAN, señaló que estas reformas son parte de una colonización del Poder Judicial de la Federación. “No quieren que haya de ninguna manera una sentencia en contra del Ejecutivo o el Legislativo que hoy controlan. La invitación es a quitarnos las máscaras y que reconozcan que las reformas tienen un fundamento de régimen autoritario”, acusó.

En su turno, Carolina Viggiano Austria, del PRI, subrayó que estas reformas son, sin duda, regresivas. Consideró que “el amparo es para proteger a los ciudadanos del abuso del poder y esto es un ataque directo a las garantías mínimas que debe tener toda persona para proteger sus derechos”.

Del PVEM, Waldo Fernández González aseguró que las reformas permitirán reglamentar todos los alcances de la reforma constitucional en materia judicial. Las reformas, dijo, servirán para avanzar hacia una justicia más eficiente transparente y cercana a la gente.

Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, estimó que estas reformas no buscan garantizar justicia, sino someter al Poder Judicial de la Federación (PJF). “El argumento es la armonización, pero el presupuesto para 2025 aprobado hace algunas horas muestra lo contrario, ya que hubo recortes precisamente al PJF”, señaló.

Una vez aprobados, ambos dictámenes, sus respectivas reservas y votos particulares, se enviaron a la Mesa Directiva para su programación legislativa.