Número - 250

• Son corresponsables en la solución del problema de la violencia que afecta a nuestro país, exponen legisladores.

La Comisión Permanente respaldó al Gobierno de México y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la demanda presentada contra las empresas fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, por prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico de armas de fuego hacia nuestro país. 

En un dictamen, que fue aprobado en la sesión del pasado 24 de agosto, también se exhortó a Marcelo Ebrard a continuar recurriendo a foros internacionales, así como a los espacios bilaterales y multilaterales en los que México participa, para atajar desde su origen el tráfico ilícito de armas. 

Es fundamental, apuntaron las y los legisladores, que se exponga la importancia de que las empresas son corresponsables en la solución del problema de la violencia que afecta a México. 

Precisaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, la principal causa de los homicidios en nuestro país se debió por agresiones cometidas con armas de fuego. 

El flujo de armas a México y su consiguiente uso ilícito, destacaron los legisladores, es el resultado previsible de decisiones deliberadas y con conocimiento de causa para diseñar, publicitar, distribuir y vender armas en formas que saben con certeza, que serán suministradas al crimen organizado. 

Además, el denominado “tort law” emprendido por el Gobierno de nuestro país, se indica en el documento, es un esfuerzo considerable dentro de los parámetros jurídicos existentes del Estado para detener el flujo ilícito y negligente de armas de fuego fabricadas por empresas estadounidenses hacia México. 

Por otro lado, las y los integrantes de la Comisión Permanente, solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe relativo a la postura de la dependencia y de la representación diplomática, respecto de las presiones y expresiones emitidas por el gobernador del Estado de Texas, que puedan constituir violaciones a la soberanía nacional de nuestro país. 

En pleno respeto a la soberanía de nuestro país vecino, precisan en el dictamen los legisladores, es importante realizar una enérgica condena a cualquier acto u omisión que pueda contemplar en su realización, la violación de la soberanía del Estado mexicano. 

Para ello, “es importante conocer la postura de la diplomacia mexicana, respecto de las declaraciones y acciones del gobernante de uno de los estados fronterizos más importantes de nuestro país vecino”, precisaron. 

Finalmente, la Comisión Permanente, exhortó a la SRE y a las demás dependencias encargadas de llevar a cabo la actualización de la infraestructura fronteriza, a que analicen la viabilidad de que se forme un grupo de trabajo plural, a fin de poder acompañar, analizar y difundir entre la ciudadanía los trabajos de modernización en la frontera norte de México. 

Dicho grupo estaría compuesto por las dependencias de las entidades federativas competentes, legisladoras y legisladores federales, así como de las entidades federativas fronterizas.